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Podemos pide al Gobierno aclarar el uso del pabellón militar de Motril en obras para recepción de inmigrantes

Ana Terrón ha recordado que el Ayuntamiento de Motril “dictaba a principios de semana una orden de paralización de los trabajos que acomete el Ministerio del Interior”

Pabellón Militar de Motril

La diputada de Unidos Podemos por Granada, Ana Terrón, ha pedido explicaciones al Gobierno sobre el uso y la propiedad del antiguo pabellón militar Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA9, que está habilitando en Motril, en la costa granadina, como nuevo centro de recepción temporal de inmigrantes.

En una nota de prensa, Ana Terrón ha recordado que el Ayuntamiento de Motril “dictaba a principios de semana una orden de paralización de los trabajos que acomete el Ministerio del Interior” tras constatar “que no se había solicitado licencia municipal de obras”.

La intención de Interior era, según Terrón, “adaptar esas antiguas instalaciones militares para albergar a los inmigrantes rescatados en pateras que son trasladados al Puerto de Motril, donde el actual centro de atención no reúne las condiciones de habitabilidad exigibles, como puso de manifiesto el Defensor del Pueblo”.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en Motril determina que dichas instalaciones pasarían al municipio para equipamiento educativo una vez cesara la actividad militar, algo que sucedió en el año 2008, ha subrayado Podemos. “A día de hoy se ha procedido a dictar orden de paralización de los trabajos por no contar con la licencia de obras, esperando también las explicaciones del promotor de los trabajos que están llevando a cabo y su finalidad”, ha agregado la formación morada.

Ha recordado que no es la primera vez que pide explicaciones al Gobierno de Mariano Rajoy sobre las “intenciones” reales que tienen para las instalaciones del EVA9 en Motril. Así, en enero la diputada Ana Terrón denunciaba “las intenciones del Gobierno para instalar un CIE encubierto en esta localidad”.

Ahora, Terrón ha pedido a los ministerios de Interior y al de Defensa que aclaren “quién tiene la propiedad de las instalaciones” y si el Gobierno “sabía que ese recinto, una vez finalizada la actividad militar, debía ser devuelto al municipio de Motril para uso educativo”.

Ha reclamado al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido que “dé la cara” y “no se esconda detrás de una falsa labor humanitaria y asistencial a la población migrante, cuando es perfectamente sabido que estos centros terminan por ser edificios al margen de la ley y los derechos humanos”.

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