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Pilar Rivas defenderá el autoconsumo de renovables en la última moción de este mandato y exige que no nos hagamos trampas

La candidata a la alcaldía por el partido Por el Bienestar de la Gente defiende que no nos vale cualquier fórmula, el autoconsumo debe promover que sean los ciudadanos los que puedan producir la energía que consumen de forma distribuida y participada

Por imperativo europeo la normativa española avanza por fin en materia de energía solar, bajo la forma de autoconsumo, aprobando el pasado 5 de abril el RD que deroga el impuesto al sol. La moción plantea que el Ayuntamiento debe promover y facilitar el autoconsumo pero al mismo tiempo, debe garantizar la protección de nuestros parques periurbanos, de las zonas verdes y arbolado en la ciudad, de nuestros ríos y riberas frente a proyectos de dudosos beneficios económicos y sociales y enorme perjuicio medioambiental. “Pedimos también que nuestro Ayuntamiento muestre su apoyo a los pequeños municipios de nuestra provincia en esta tarea” expresa Rivas, refieriéndose al proyecto de las Torres del Valle de Lecrín, pero también la revisión del Proyecto Cármenes del Darro que ya denunciaron la pasada semana.

Nos preocupan proyectos impulsados por empresas particulares, de grandes parques de placas solares en nuestros espacios naturales y parque periurbanos. En concreto, está sobre lamesa uno en Haza Grande, en zona de especial calificación ambiental, bajo la subcategoría de protección de vertientes, donde diseñan un huerto solar de más de 50 hectáreas y donde el Ayuntamiento aun no ha dado un tajante “NO”. Insitimos queremos placas en los techos de los edificios publicos y en las comunidades de vecinos, la energía debe estar en manos de los ciudadanos y no de empresas que solo buscan benificio aunque ahora se vistan de verde.

Resulta que la propia Ley de Renovables ofrece la calificación de interés social y público a proyectos que impulsen las renovables, primando este interés a la protección de nuestros espacios naturales, algo que entra en absoluta contradicción. Y entra en contradicción por dos razones, no disminuimos emisiones si nos alimentamos de energía limpia pero a cambio de destruir al mismo tiempo nuestra protección natural construyendo placas en zonas protegidas. La segunda porque además de la sustitución de las energías fósiles, necesitamos un modelo de energía descentralizado, es decir que queremos energía limpia y que no caigamos de nuevo en el monopolio de las eléctricas.

La moción plantea toda una batería de medidas para avanzar hacia la soberanía energética, es decir que dependamos lo menos posible de las energías fósiles y que la producción de energía solar esté en cuantas más manos mejor, incluida la población más vulnerable económicamente.

El RD 400/2019 pone las primeras bases para superar las trabas económicas, técnicas y administrativas del impuesto al sol. Esta norma hace posible que se puedan poner placas en las comunidades de vecinos, que no tengamos que pagar por verter la energía sobrante a la red y no tengamos que declarar por ello a Hacienda. Así que detrás de este decreto está la necesidad de cambiar de modelo, pasar de una situación de pocas personas decidiendo a una situación de muchas personas actuando, insiste la Concejala del bienestar de la gente.

Se propone la creación de una Ordenanza para la gestión de la energía, mejorar la Agenda Local 21 que hoy pende de un hilo, la revisión de la normativa urbanística, la instalación de placas en los edificios municipales que ofrezcan energía a los vecinos colindantes tal cual permite el nuevo decreto, la generación de fórmulas de subvención y de cofinanciación para hacer a las personas en situación de pobreza también protagonistas de la transición, o fomento de iniciativas sociales y económicas, la creación de una oficina de información y un directorio de empresas o cursos formativos estas son algunas de las medidas de la moción.

Naciones Unidas nos da un plazo de 12 años para tomar medidas drásticas. Pero el panel de Naciones Unidas no está compuesto solo por científicos también por economistas y políticos que defienden intereses muy concretos. Lo que significa que muy probablemente no tengamos 12, sino menos años para hacer una transición justa, concluye Rivas.

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