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La Junta traslada al Defensor del Pueblo que “cumplió el protocolo” en la extinción del incendio de Lújar

La Junta ha dado este paso a raíz de que el Defensor del Pueblo Andaluz iniciara en septiembre una actuación de oficio tras las críticas del Ayuntamiento de Lújar por el modo en que actuaron los medios de extinción

El fuego arraso unas 2.000 hectáreas (EUROPA PRESS)

El fuego arraso unas 2.000 hectáreas (EUROPA PRESS)

La Consejería de Medio Ambiente ha remitido un informe a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz con todos los detalles de la actuación que se llevó a cabo para sofocar el incendio que calcinó unas 2.000 hectáreas en la sierra de Lújar y asegura que cumplió “todas las exigencias del protocolo”.

La Junta ha dado este paso a raíz de que el Defensor del Pueblo Andaluz iniciara en septiembre una actuación de oficio tras las críticas del Ayuntamiento de Lújar por el modo en que actuaron los medios de extinción, en un incendio que obligó al desalojo de unos 600 vecinos y destruyó vegetación de extraordinario valor ambiental.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha señalado a preguntas de los periodistas en Granada que su departamento ha remitido el informe del Gobierno andaluz al Ayuntamiento de Lújar, dado que esta entidad local “culpa” a la Junta de la “tardanza de los trabajadores del Infoca” en llegar al lugar.

Maeztu ha detallado que, una vez analice en profundidad el “extenso” informe de Medio Ambiente, lo cotejará con la postura y los datos aportados por el Ayuntamiento de Lújar para emitir un pronunciamiento en firme. También se ha mostrado dispuesto a “mediar” entre ambas administraciones respecto a las circunstancias de este incendio, que tuvo su origen en el roce de un cable de alta tensión con un árbol, según informó recientemente el Gobierno andaluz en Granada.

El Ayuntamiento de Lújar recurrió hace unos días el archivo de la causa abierta por este asunto para que se depuren responsabilidades ya que “hasta en tres informes se apunta al titular de los tendidos eléctricos por infracción en sus deberes de prevención y que dicha imprudencia tendría como consecuencia una responsabilidad penal”.

El alcalde de la localidad, Manuel Mariano González, explicó en su momento que desde el pasado 10 de julio la causa está archivada en virtud de un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Motril, pero el Ayuntamiento lo ha recurrido y ha solicitado la reapertura de la investigación.

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