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Vamos, Granada denuncia la indefensión de los vecinos del Distrito Norte

Tras las denuncias llevadas a cabo por ENDESA por presunto fraude de energía

Desde el pasado mes de febrero se produjeron al menos 2 operaciones policiales para el desenganche indiscriminado de más de 400 familias en el distrito norte. Como consecuencia de esta operación “puerta a puerta” se les pidió el DNI a cada vecino que abrió la puerta a la policía y de esta forma se pudieron formular las denuncias. Pilar Rivas, portavoz de la formación, ha calificado esta situación como inaudita ya que “no se comprobó si el enganche correspondía a esa vivienda y su titular, ni si las personas denunciadas realizaron manipulación alguna, ni si se lo ordenaron o encargaron a otros, existiendo por tanto la posibilidad de que la infracción la cometieran otras personas”.

Según Rivas, tanto Industria como el Equipo de Gobierno Municipal se comprometieron a que no se producirían denuncias a quienes regularizaran la situación, “no han cumplido su compromiso” las familias han hecho, sin embargo, un desembolso importante de más de 600€ de facturas emitidas por ENDESA, facturas que el propio Defensor del Ciudadano dio traslado en mayo a la Fiscalía, por contener conceptos irregulares que podrían incurrir en falsedad documental, estafa y apropiación indebida aunque la Fiscalía no ha dado contestación”.

ENDESA solicita 1200 € de indemnización más la sanción que cada juez estime oportuno a cada una de las más de 400 familias denunciadas, “La pasada semana empezaron los juicios y allí nos personamos para acompañar a las familias; en el mes de junio solicitamos al Ayuntamiento el establecimiento de un Convenio de Colaboración con el Colegio de Abogados para lograr una defensa especializada y colegiada ya que la falta de acceso a toda esta información de cada abogado puede dejar a las familias en situación de desprotección”.

Pilar Rivas entiende que concurren circunstancias que van a la raíz del problema que deben ser tenidas en cuenta en la defensa, como el que la Junta de Andalucía adjudique viviendas cuyo suministro está ya “enganchado”; que ignore sus competencias en materia de organización y promoción de las comunidades de vecinos, imprescindibles para posibilitar la regularización de los suministros o que se ignoren continuamente las demandas y denuncias de los vecinos por cientos de asuntos diversos, dejando una sensación de impunidad en la vecindad impidiendo de facto la normalización en el uso de bienes comunes como el suministro eléctrico.

Todas estas circunstancias, fruto de la inacción de las distintas Administraciones, deben ser tenidas en cuenta en los procedimientos judiciales que se están celebrando” Por último, la formación se pregunta también cómo las Administraciones permiten que una compañía que ya cobra incentivos de las arcas públicas por detectar situaciones de fraude puede denunciar a las mismas familias al mismo tiempo,” un cobro por partida doble”. Hablamos de familias que se ven abocadas a acceder a un bien de primera necesidad en la más absoluta precariedad.

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