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El exalcalde de Iznalloz alega “buena fe” en las contrataciones por las que está imputado

Con el objetivo de ayudar a familias que estaban en riesgo de exclusión

JuzgadosEl exalcalde de Iznalloz y actual diputado provincial de Deportes y Administración Electrónica, Mariano Lorente (PSOE), ha defendido este lunes su actuación ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada en las contrataciones irregulares por las que está imputado, y ha explicado que se hicieron “de buena fe” y con el objetivo de ayudar a familias que estaban en riesgo de exclusión.

Lorente, que ha llegado al Juzgado en el que estaba llamado a declarar pasadas las 9,00 horas, ha señalado en declaraciones a Europa Press que ha explicado en sede judicial la motivación de esos contratos de trabajo, que ha recordado que eran “de muy corta duración” de cinco días. Según ha dicho, el objetivo era ayudar a “centenares de familias” de Iznalloz que se encontraban en riesgo de exclusión social: “El ánimo era el de ayudar a una familia en una situación crítica, vulnerable, en la que no tenían ni los más mínimos medios para subsistir, y estamos seguros de que obramos de buena fe”.

Asimismo, ha indicado que así se actuaba con anterioridad en el Ayuntamiento y así se sigue actuando ahora por parte del nuevo equipo de gobierno, del PP y un independiente, “incluso con los mismos reparos” que él, como alcalde, tuvo por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Iznalloz. “Por tanto estoy muy satisfecho hemos acreditado la necesidad de ayudar a estas familias por estos contratos de cinco días y estamos seguros que así se comprenderá porque siempre obramos con la buena fe para ayudar a las familias de nuestro pueblo”, ha concluido.

Su declaración se ha producido después de la denuncia que interpuso el actual equipo de gobierno en la localidad, formado por PP y el independiente Pimog, por un posible delito de prevaricación continuada por contrataciones “a dedo” a pesar de los reparos de la intervención municipal.

Según la actual alcaldesa, Ana Belén Garrido, el socialista habría primado para las contrataciones supuestamente irregulares que se le atribuyen “la afinidad ideológica”, y no los principios de “igualdad, mérito y capacidad” para realizarlas.

La denuncia tiene como fundamento las contrataciones, aunque deja abierta la posibilidad de que de la instrucción judicial se deriven otros delitos “dado el absoluto quebranto económico” que Lorente habría generado en el Ayuntamiento, según la información de la que ahora dispone el PP y su socio de gobierno.

En concreto, los ‘populares’ denunciaron alrededor de un centenar de “contrataciones irregulares” que cada año habría realizado Lorente y, especialmente, hasta 125 contratos que el denunciado realizó supuestamente sin ningún procedimiento y contra 28 reparos de la intervención y la tesorería municipal, entre enero y mayo de este mismo año, es decir en vísperas de la campaña electoral.

La imputación de Lorente ha llevado a Ciudadanos (C’s) a pedirle al PSOE que “haga dimitir” al diputado provincial. Su portavoz, Luis Salvador, recordó la pasada semana a la secretaria general del PSOE en la provincia, Teresa Jiménez, que firmó con C’s un ‘Acuerdo para la Regeneración Democrática’ que, en su primer punto, se comprometía a “separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política”.

Por lo tanto, Ciudadanos pide a la dirigente socialista que “cumpla lo firmado” y exija a su diputado que dimita del puesto que ocupa en la Diputación.

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